La administración nacional revocó el programa que otorgaba pasajes sin costo en transporte público a personas con discapacidad e infantes en tratamiento de cáncer. La derogación implica la eliminación de la partida presupuestaria que sostenía estas prestaciones.

Según comunicados del oficialismo, «las transferencias de recursos consignadas en disposiciones anteriores no cuentan con sustentación económica adecuada». Argumentaron que resultaba imperativo hacer una evaluación crítica de este tipo de gastos.

Paralelamente, aclararon que el derecho a transportarse gratuitamente sigue siendo válido y puede ser reclamado por estos grupos. Afirmaron estar buscando mecanismos distintos para preservar la efectividad del beneficio.

Organizaciones defensoras de derechos de discapacitados y entidades que trabajan con familias de menores oncológicos expresaron inquietud. Señalaron temor respecto a cómo se concretará la cobertura sin los recursos específicos asignados.

El Gobierno contraargumentó que el sistema previo contenía deficiencias operativas y que cuenta con vías alternativas para mantener la prestación vigente. Enfatizó que la supresión es parte de un replanteo integral de las prioridades presupuestarias estatales.

El acceso sin arancel al transporte reviste importancia crítica para estos colectivos, permitiéndoles desplazarse hacia establecimientos sanitarios, completar gestiones administrativas y mantener su inclusión social. La eliminación del fondo genera incertidumbre sobre su sustentabilidad futura.

Resta que las autoridades presenten los mecanismos concretos mediante los cuales se ejecutará el derecho que mantienen vigente. La medida se encuentra en efecto desde su publicación y aguarda aclaraciones respecto a su implementación real.

Imagen: Anna Tarazevich / Pexels – Con informacion de La Nación