CTERA convocó a un paro docente que resultó en adhesión desigual en las escuelas bonaerenses y porteñas. El acatamiento de la medida fue variable: algunos establecimientos operaron sin interrupciones mientras otros fueron alcanzados de lleno por la protesta, dibujando un mapa heterogéneo de la respuesta gremial.

Las autoridades provinciales impartieron una orden a inspectores educativos: no facilitar información a los inspectores nacionales que realizan verificaciones. El propósito era claro: limitar el acceso del Gobierno nacional a datos sobre asistencia de personal docente y, con ello, dificultar el control de cumplimiento de mínimos operativos.

El Gobierno nacional ejecuta inspecciones regulares orientadas a verificar que la concurrencia de empleados en escuelas alcance al menos el 75%. Este porcentaje es considerado por la administración como el umbral mínimo indispensable para que los servicios educativos continúen funcionando ante medidas de fuerza.

La directiva provincial profundizó la tensión entre el Ejecutivo nacional y las autoridades educativas provinciales, exponiendo visiones antagónicas sobre cómo gestionar conflictividad laboral en educación. Mientras el Gobierno nacional apunta a garantizar operatividad, la Provincia busca resguardar derechos sindicales.

En la Ciudad y la Provincia, la realidad fue fragmentada. Escuelas abiertas convivieron con establecimientos donde la medida fue ampliamente respetada, reflejando las dificultades de coordinar acciones gremiales en territorios con administraciones distintas.

La confrontación entre poderes persiste, sin perspectivas claras de resolución a corto plazo.

Imagen: Marta Ruf / Pexels – Con informacion de Clarín