El dinero que la ley reservó para combatir inundaciones está siendo absorbido por el financiamiento de las arcas estatales. Aunque los recursos son suficientes y están disponibles, la decisión de utilizarlos para el propósito que establece la normativa vigente brilla por su ausencia.

Se trata de un fenómeno que combina dos realidades problemáticas: la presentación de cifras fiscales mejoradas cosméticamente y la paralización de inversiones en infraestructura hídrica que las regiones afectadas necesitan urgentemente.

El fondo en cuestión fue creado con un mandato específico: financiar soluciones constructivas contra un problema que azota regularmente al país. Las inundaciones son un riesgo que golpea especialmente a áreas de producción agrícola y ganadera, donde genera pérdidas significativas.

Para enfrentar esto, se estableció un mecanismo presupuestario particular que separaba recursos dedicados a esta causa. Sin embargo, esos recursos nunca alcanzan las obras que deberían ejecutarse. Terminan siendo canalizados hacia otras necesidades del Estado.

Lo singular es que esto ocurre sin que exista una verdadera crisis de fondos disponibles. Los números muestran que la plata existe en las cuentas públicas. Lo que no existe es la acción política que ordene: «Estos recursos van aquí, conforme la ley establece».

Así se produce un efecto curioso en el que el Estado mejora su presentación fiscal en el corto plazo, mientras que las soluciones de largo plazo a un problema estructural quedan congeladas. Comunidades y productores permanecen expuestos a riesgos prevenibles, mientras el dinero destinado a prevenirlos financia otras prioridades.

Imagen: Masarath Alkhaili / Unsplash – Con informacion de Clarín Rural