La desinflación enfrenta un problema grave de legitimidad social. De acuerdo a información disponible, seis de cada diez argentinos cree que los precios van a continuar aumentando, un dato que ilustra la fragilidad de la confianza pública en los mecanismos de control inflacionario.

Este panorama refleja una desconexión profunda entre los anuncios sobre control de precios y la experiencia económica real de las personas. Mientras que algunos indicadores macroeconómicos muestren cierta desaceleración, en el día a día del argentino promedio los aumentos en el costo de vida siguen siendo una realidad tangible y constante.

La pérdida de crédito social de la desinflación tiene implicancias económicas concretas. Cuando la mayoría de la población anticipa que los precios seguirán subiendo, modifica sus decisiones de consumo: compra ahora por temor a que mañana sea más caro, acelera la dolarización de ahorros y reduce su confianza en instrumentos denominados en pesos.

Estos comportamientos, replicados en millones de casos, generan dinámicas que complican el control inflacionario. La expectativa de aumento se transforma en presión económica real que trabaja contra los objetivos de estabilización de precios.

Hay además un factor histórico que explica esta desconfianza. Argentina ha transitado años de inflación persistente, períodos de ajuste económico y promesas de mejora que no siempre se materializaron. Esta trayectoria genera escepticismo ante nuevos anuncios de control de precios, aunque estos sean técnicamente válidos.

Sin respaldo ciudadano, sin que la gente perciba cambios genuinos en su presupuesto familiar, cualquier proceso desinflacionario enfrenta obstáculos importantes para consolidarse en el tiempo y resultar efectivo.

Imagen: 道弘 / Pexels – Con informacion de El Cronista