En la segunda audiencia del juicio, la fiscalía aseguró que la inmobiliaria de la familia Kirchner recibió casi $26 millones en alquileres entre 2009 y 2016, en valores históricos. La acusación sostiene que esos contratos se utilizaron para dar apariencia legal a fondos de presunto origen ilícito y cuestionó que la firma no tuviera una sede operativa real.

El juicio contra Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner por presunto lavado de dinero y asociación ilícita sumó nuevos detalles sobre el funcionamiento de Los Sauces, la inmobiliaria de la familia. Durante la segunda audiencia, la fiscalía sostuvo que la empresa no contaba con una sede real y que llegó a funcionar con apenas un empleado.

La acusación fue expuesta ante el Tribunal Oral Federal N.º 5, que continúa con la lectura de los cargos en las causas Hotesur y Los Sauces. En total, 19 personas enfrentan el proceso judicial, entre ellas la expresidenta y su hijo.

Según la fiscalía, Los Sauces declaró tres domicilios en Río Gallegos, pero en ninguno se pudo comprobar el funcionamiento de una oficina inmobiliaria. Dos de las direcciones correspondían a estudios contables y la tercera al domicilio particular de Máximo Kirchner.

Los investigadores también cuestionaron la estructura de personal de la empresa. De acuerdo con la acusación, Los Sauces no registró empleados hasta abril de 2010 y posteriormente funcionó durante varios años con una sola persona contratada.

Entre los trabajadores mencionados apareció Ramón Ángel Díaz Díaz, jardinero de la familia Kirchner, quien declaró que se dedicaba al mantenimiento de la vivienda de Cristina y que desconocía dónde funcionaba la administración de la inmobiliaria.

Otro de los puntos centrales fue el origen de los ingresos. La fiscalía afirmó que el 88% de la facturación de Los Sauces provenía de empresas vinculadas a Lázaro Báez y al Grupo Indalo, encabezado por Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Según la reconstrucción presentada en el juicio, esas compañías pagaron a Los Sauces $25.968.042,30 en alquileres entre 2009 y 2016, una cifra expresada en pesos de aquel período.

La hipótesis de los fiscales sostiene que los contratos de alquiler de propiedades y hoteles fueron utilizados para dar apariencia legal a dinero presuntamente obtenido mediante negocios irregulares vinculados con el Estado. Se trata de acusaciones que deberán ser evaluadas durante el juicio.

Durante la audiencia también se repasaron operaciones inmobiliarias cuestionadas, entre ellas la compra de un hotel en El Chaltén por un valor declarado de $200.000, cuando una tasación oficial de la época lo valuaba en $2.890.000.

Cristina y Máximo Kirchner siguieron la audiencia de manera virtual. El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 2 de noviembre, cuando continuará la lectura de los requerimientos fiscales.

El proceso busca determinar si las operaciones comerciales de Hotesur y Los Sauces constituyeron maniobras de lavado de activos. Las irregularidades descriptas forman parte de la acusación fiscal y todavía no representan una condena en estas causas.